Tras ser incluido como entidad no colaboradora en el informe
anual 2012 del Defensor del Pueblo, el
alcalde de Pelayos, tras resistirse durante meses, no ha tenido más remedio que responder a la
Institución para intentar explicar por qué no cumple con la ley y cambia de una
vez el nombre de las calles que ensalzan a la dictadura franquista.
Sin embargo su respuesta no ha sido considerada válida. Como era
previsible, Soledad Becerril, actual Defensora del Pueblo, y conocida militante del PP (fue concejal y
ministra) ha respondido a la demanda realizada por el grupo municipal
socialista de Pelayos que:
…”Ha de recordarse al
Ayuntamiento el deber que le impone el artículo 15.1 de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, que reconoce y amplía derechos y establece medidas en favor de
quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la
dictadura. El precepto establece imperativamente que las Administraciones
públicas tomarán medidas para la retirada de placas conmemorativas de
exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil
y de la represión de la Dictadura, salvo en menciones sin exaltación de los
enfrentados, o si concurren razones artísticas, arquitectónicas o
artístico-religiosas protegidas por la ley.”
El Defensor del Pueblo ha enviado esta comunicación al Alcalde de
Pelayos recordándole su deber legal impuesto a la Entidad Municipal según la
citada ley. ¿A que espera el Sr. Alcalde para cumplir la legalidad?